Artículo 170°. Decreto y práctica de prueba de oficio.

22 de abril de 2026 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, con apoyo expreso en lo dicho por la CSJ, precisó que el interrogatorio de parte decretado de oficio no se agota con las preguntas del juez, pues debe quedar abierto a la contradicción de todos los sujetos procesales. Por ello, una vez el despacho evacúa el cuestionario oficioso, debe permitir la intervención de los apoderados para contrainterrogar dentro del marco de lo preguntado y respondido, con el fin de aclarar, refutar o contrastar la declaración.

7 de abril de 2026 - El Tribunal Superior de Tunja, con fundamento en la Corte Suprema de Justicia, precisó que el decreto oficioso de pruebas solo procede para: (i) aclarar zonas de duda que impidan decidir, (ii) cumplir un mandato legal, o (iii) evitar nulidades o fallos inhibitorios. No puede utilizarse para subsanar la inactividad probatoria de las partes ni para introducir pruebas extemporáneas, pues ello vulnera el principio de preclusión.

23 de octubre de 2025 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, precisó que las facultades oficiosas del juez no desplazan la carga probatoria de las partes ni pueden convertirse en un mecanismo para remediar su incuria o negligencia. Solo proceden cuando existan bases serias en el expediente que justifiquen razonablemente su necesidad y su ejercicio esté orientado a esclarecer incertidumbres relevantes sin quebrantar la igualdad procesal.

9 de septiembre de 2025 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C. precisó que, aunque el decreto oficioso de pruebas está orientado a esclarecer la controversia, su adopción no puede ser impuesta por las partes, pues corresponde exclusivamente al juez valorar, en ejercicio de su autonomía e independencia, si resulta realmente necesario incorporar medios probatorios adicionales a los oportunamente solicitados.