Artículo 232°. Apreciación del dictamen.

20 de mayo de 2026 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Pasto precisó que, ante dictámenes periciales contradictorios sobre el avalúo de un bien, el juez no está obligado a acoger el de mayor valor ni el aportado por una parte específica, sino aquel que resulte más claro, completo, técnico y ajustado a las condiciones reales del inmueble. En el caso concreto, dio mayor valor al informe que verificó directamente el predio, justificó la metodología utilizada, explicó las limitaciones para aplicar comparación de mercado y discriminó el valor del terreno y la construcción; en cambio, restó mérito al dictamen que no explicó suficientemente su método, usó comparables disímiles y no inspeccionó el interior del bien.

24 de abril de 2026 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, recordando expresamente lo dicho por la CSJ, precisó que la sola existencia de varios dictámenes periciales contradictorios no obliga al juez a optar mecánicamente por uno de ellos ni a desecharlos en bloque. El juzgador puede acoger el que le ofrezca mayor grado de convicción, según la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, o incluso extraer su propia conclusión con apoyo en la valoración conjunta del material probatorio, conforme a la sana crítica.

6 de abril de 2026 - El Tribunal Superior de Villavicencio, acogiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, precisó que la prueba pericial no vincula por sí sola al juez, quien debe someterla a un examen crítico de su fundamentación, metodología y conclusiones. Ese control no se satisface con ordenar otro dictamen sin más, sino con la comparecencia del perito a audiencia para explicar su experticia y permitir su contradicción técnica.

27 de marzo de 2026 - El Tribunal Superior de Pasto, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, precisó que el juez no puede limitarse a verificar de forma irrestricta las exigencias formales del artículo 226 del C.G.P. para desestimar el dictamen pericial. Debe establecer si la omisión advertida realmente impide su valoración conforme al artículo 232, a partir de un examen integral, contextual y sujeto a la sana crítica.

12 de febrero de 2026 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Antioquia precisó que la idoneidad del perito no es un formalismo, sino una garantía de confiabilidad de la prueba pericial. Por ello, la falta de formación o experiencia suficiente del experto debilita la validez y solidez técnica del dictamen, y afecta su eficacia para formar la convicción judicial.

29 de enero de 2026 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá D.C., siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, precisó que la valoración del dictamen pericial debe atender la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, así como la idoneidad del perito. Por ello, el juez no puede obrar con discrecionalidad irracional: si acoge o descarta la experticia, debe motivar suficientemente su decisión.

16 de diciembre de 2026 - La Corte Suprema de Justicia precisó que la valoración del dictamen pericial debe atender cinco dimensiones: la idoneidad del perito, la transparencia de las premisas fácticas, la validez metodológica, la coherencia del razonamiento y la inteligibilidad de la experticia. Por ello, el mérito del dictamen no depende solo de su existencia, sino de su calidad epistémica y de su aptitud real para formar la convicción del juez.

20 de octubre de 2025 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, precisó que, tratándose de un dictamen rendido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no es necesario que el juez reconstruya de manera expresa cada eslabón de la cadena de custodia, cuando del propio dictamen y de la acreditación técnica del laboratorio surge que las muestras estuvieron sometidas a procedimientos idóneos de preservación y custodia, sin que ello haya sido desvirtuado en el proceso.

15 de octubre de 2025 - La Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín precisó que los dictámenes de pérdida de capacidad laboral emitidos por juntas de calificación, cuando se aportan al proceso civil, no conservan automáticamente una eficacia intocable, sino que deben someterse a las reglas propias de la prueba pericial. Por ello, pueden ser controvertidos y perder fuerza probatoria si presentan defectos relevantes, incluso aunque produzcan efectos en el ámbito de la seguridad social. Además, la pérdida de capacidad laboral puede acreditarse por cualquier medio técnico idóneo, sujeto al régimen probatorio correspondiente.